Aunque el tema no haya tenido mucha resonancia (o al menos, menos de la que yo habría esperado), parece que el debate sobre el aborto vuelve a estar de plena actualidad. No sé si os habréis enterado de los últimos acontecimientos, pero intentando ser breve, resumiré lo ocurrido durante este último mes de enero.
La noticia saltó a las pantallas el pasado día 10, cuando un juez de Madrid, José Sierra Fernández, llamó a declarar a 27 mujeres acusadas de haber abortado ilegalmente en la clínica Isadora, también de Madrid. Pero la historia venía de lejos. En 2006, la organización católica “La vida Importa” (obviamente contraria al aborto) había sido la encargada de poner la denuncia. Según ella, existían irregularidades en los residuos de varias clínicas autorizadas para practicar abortos. La Guardia Civil (Seprona) llevó a cabo una inspección y decidió que, en efecto, había algunos fetos grandes, así que lo puso en conocimiento de la Justicia. El juez abrió diligencias y aquí viene lo bueno: el Instituto Anatómico Forense dictaminó que los fetos no superaban el límite legal para abortar, pero el Juez Sierra decidió continuar con la investigación y llamó a las mujeres a declarar.
Fue entonces cuando empezó la tómbola, claro. Una cosa es que una asociación ultracatólica denuncie que el anticristo vaga por doquier y otra muy distinta que un juez le haga caso y encima se hostigue a las mujeres haciéndolas ir a juicio y criminalizando su actuación. Es en este punto donde distintas organizaciones de izquierdas y feministas reaccionaron. Por un lado, amenazaron con denunciar al Juez Sierra por una supuesta violación de la intimidad de las acusadas, por otro, se ha iniciado un movimiento de autoinculpación que partió de la iniciativa de 15 mujeres de una ONG feminista de Vigo, Alecrín y que ha tenido respuestas en el resto del país, llevando a la dirección entera de Izquierda Unida a autodenunciarse en bloque. Existen dos modelos de texto de autoinculpación. Para ella, se denuncia la interrupción del embarazo en primera persona, para él, haber acompañado a una mujer a hacerlo. No es la primera vez que se hace algo así en España. Al parecer, hace 22 años, otras organizaciones feministas tuvieron la misma idea para conquistar el derecho al aborto.
Precisamente de esa época (1985) data la ley que, completamente obsoleta a estas alturas, da cabida a esta situación. En dicho documento se recogen tres supuestos en los que es legal abortar: grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la embarazada, (para lo que no hay límite de semanas de gestación); embarazo por violación, (hasta las doce semanas); y presunción de graves taras físicas o psíquicas para el feto, (hasta la semana 22). Casi todos los abortos legales que se practican en España se acogen al primero de estos supuestos. Es fácil decir que dar a luz supondría un grave peligro psicológico para la embarazada, sobre todo teniendo en cuenta que basta con que un psiquiatra de la misma clínica donde se va a practicar la intervención firme un certificado que así lo asegure.
Pero a estas alturas, esta doble moral no tiene ningún sentido. Según la ley en España abortar es un delito. Eso sí, le hacemos un inmenso agujero a la ley para que quien quiera pueda saltársela a la torera. Pero colarse por el agujero no es la solución, puesto que, en primer término, la mujer se ve obligada a trampear la ley volviéndose vulnerable (como se ha venido a demostrar con todo esto), y por otro lado, debe excusar su situación ¡para que sean otros quienes den su autorización y decidan sobre su propio futuro! Psicólogos, ginecólogos, abogados… todos ellos pueden decidir sobre la vida de la embarazada, pero la mujer sigue sin ser la única dueña y soberana de su propio cuerpo. Hasta cuándo…
Anoche recibí un email donde se anunciaba una concentración prevista para mañana, miércoles 23 de enero a las 19:00 de la tarde en la Plaza del Sol de Madrid. Se quiere denunciar los acontencimientos del último mes y se pide una nueva ley de plazos que despenalice el aborto en España (ver manifiesto). Para a aquellos a los que la Plaza del Sol nos pilla un poco lejos (yo entre ellos), existe también la iniciativa de autoinculpación, que es otra vía válida para ejercer presión en esta causa, aunque convendría informarse sobre posibles consecuencias legales.
Por cierto que, investigando sobre este tema, me he enterado de que Navarra es la única comunidad autónoma donde no se practican abortos. Al parecer, para no incumplir la ley, desde la Sanidad Pública se envía a las mujeres que desean interrumpir su embarazo a otras comunidades, alegando que los médicos son «objetores de conciencia». Ya, seguro que tooooooodos los médicos navarros son del Opus Dei. ¡¡Hasta cuando tendremos a Sanz en Navarra!!